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Hablemos de… Pensión
Alimenticia.
Por:
Bertha Angélica Albores Ramírez
Periodista
y Presidenta de la Asociación Civil: Mujer Es… Solidaridad con tu Familia.
Son
innumerables problemas que las mujeres deben enfrentar ante un rompimiento
conyugal, uno de ellos quizá el más fuerte y lacerante es el económico, ya que cuando decide
interponer una demanda por pensión alimenticia, en la mayoría de los casos recorre
un verdadero viacrucis para conseguir la asignación y después, casi siempre está
condenada a vivir en la pobreza.
A
pesar de los tratados internacionales la discriminación hacia la mujer sigue
causando estragos sin que se realice un verdadero esfuerzo para evitarlo. En este sentido el poder judicial que se
supone es la primera instancia obligada en garantizar el acceso a la justicia,
en muchos casos representa una piedra en el zapato para aquellas que deciden
tramitar una pensión alimenticia para la manutención de los hijos.
Adicionalmente
se asignan obligaciones de manera desigual: guarda y custodia de los hijos,
alimentación, labores domésticas y todo lo que tiene que ver con la formación y
el desarrollo de los menores es socialmente responsabilidad de las mujeres,
situación que impide notoriamente el desarrollo de las féminas en su vida
personal y profesional.
En
cambio el rol del padre casi siempre se limita al otorgamiento de una raquítica
suma de dinero y a un sistema de visitas acordado previamente por un juez
civil.
Esta
situación nos hace reflexionar sobre sistema de justicia mexicano que mantiene
una estructura de poder machista, en el que se favorece al hombre y se ignora
la vulnerabilidad en que se deja a la familia, a este respecto podemos afirmar
que la mayoría de los fallos que emiten los jueces no tienen fundamentos
legales, se basan en el simple dicho del demandado o no se recaban pruebas
suficientes que permitan saber cuál es su verdadero ingreso económico.
Por
tanto, pese a que la pensión alimenticia tiene “carácter fundamental y
prioritario” lo que supone debe llegar lo más pronto posible a los beneficiarios,
es en realidad un golpe más a los derechos fundamentales.
No
puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son
desiguales, debemos demandar a las autoridades que realicen acciones efectivas
a fin de hacer valer los derechos de las mujeres, de lo contrario, el uso y el
abuso de poder que ejercen los hombres por su independencia económica,
seguirá mermando la posibilidad de las
mujeres jefas de familia a acceder a una vida digna y libre de violencia.
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